COMENTARIOS LAICOS.-
Asistí como invitado, el pasado 21 de Abril en la Casa de la Cultura, a la charla que ofreció el Sr. Bosch i Grau y que organizaba la Asociación Cullera Laica. La exposición dio comienzo con la lectura del artículo 16 de la Constitución cuyo texto conforma el título y desarrollo del acto: “libertad religiosa y libertad de conciencia y sus límites en un estado aconfesional”.
Hizo, el Sr. Bosch, una primera consideración, a modo de apunte, remarcando que los asuntos religiosos, en nuestro país, son tratados de forma visceral y/o radical. Llamó la atención sobre este aspecto y lo comparó con la discusión más serena y tranquila que para estos mismos temas presentan los países europeos del centro y norte del continente.
En España hablar de religión o referirse a asuntos de religión siempre es con respecto a la Iglesia Católica; omnipresente como el dios que la substancia. Esto ha de cambiar pero de momento es lo que hay. Somos una democracia reciente, joven que no moderna, y según las teorías políticas, se consolida un régimen democrático cuando el poder se transfiere más de una vez y sin convulsiones violentas o intereses bastardos. Una sociedad democrática como la nuestra acoge en su seno a una organización que no practica la democracia como la Iglesia Católica: el choque está servido. Es más, me atrevo a afirmar que la Iglesia segrega a las mujeres. Éstas no tienen cabida activa en los órganos de gobierno. Sirven para corporeizar el mensaje de salvación porque pueden ser perdonadas, Jesús comía con prostitutas. Son madres y esposas, el Evangelio está plagado de ellas, sirven para la causa pero no disponerla. El fundador de la Iglesia lo dejó claro, 12 hombres y un mundo que cristianizar y así hasta la actualidad.
Sin ir demasiado atrás, en el tiempo, la Guerra Civil y los casi 40 años de dictadura del Generalísimo Franco significaron la implantación parasitaria de la Iglesia Católica en el seno de la sociedad civil española. La Iglesia tituló de Cruzada (lucha contra el infiel proclamada por el Papa) la guerra cruel y exterminadora a que dio paso el alzamiento militar de Julio de 1936. Al finalizar la contienda, y con la victoria de las tropas rebeldes, la Iglesia obtuvo su propia victoria. Vencedora quedó de una guerra fraticida; paradoja espeluznante para una organización que se dice portadora del mensaje de Cristo: “amaos los unos a los otros”. Acto seguido, y sin interrupción, impuso su doctrina y su “ley integral” sirviendo a un régimen político con el que mantuvo una extraordinaria simbiosis: sólo siendo católico se era buen español y buena persona. Ahora, la Iglesia debe ocupar su lugar, mantener su autonomía y desarrollar su actividad: el apostolado. Ocupar su lugar no significa ocupar EL LUGAR. Las instituciones políticas, a mi modo de ver, son exquisitas en su trato con la Iglesia y actúan según marca el texto constitucional y el Concordato establecido. Por el contrario, la jerarquía eclesiástica española mantiene una actitud de permanente confrontación con el poder civil e incluso ocupa la calle en demostración de fuerza y soberbia, que no de humildad. Por tanto, la radicalidad de que hablaba el Sr. Bosch está a flor de piel, pero lejos de perjudicar yo diría que es la primera fase de un proceso que debe culminar con la separación real de la Iglesia y el Estado. No se puede hacer una tortilla sin romper los huevos. Los países europeos, con alguna excepción, ya han hecho la tortilla y ahora la adornan para servirla.
Han pasado 30 años desde la promulgación de la Constitución y nos encontramos, todavía, en un primer estadio para el ejercicio pleno de la libertad de conciencia y religiosa. Como reconoció el Sr. Bosch, incluso los juristas con talante más progresista han ido elaborando sentencias sin entrar, en ocasiones, al fondo del asunto. Veredictos judiciales emitidos porque los ciudadanos han recurrido a los tribunales para hacer valer el derecho de libre pensamiento. Es correcto que sea así en un estado democrático, pero seguramente los partidos políticos con representación parlamentaria deberían apostar ya, decididamente y con valentía, por desarrollar, reglamentar y normalizar el precepto constitucional del artículo 16. La justicia, en este país, es lenta y las respuestas que los ciudadanos necesitamos son rápidas y eficaces.
Juan Carmona.
Asistí como invitado, el pasado 21 de Abril en la Casa de la Cultura, a la charla que ofreció el Sr. Bosch i Grau y que organizaba la Asociación Cullera Laica. La exposición dio comienzo con la lectura del artículo 16 de la Constitución cuyo texto conforma el título y desarrollo del acto: “libertad religiosa y libertad de conciencia y sus límites en un estado aconfesional”.
Hizo, el Sr. Bosch, una primera consideración, a modo de apunte, remarcando que los asuntos religiosos, en nuestro país, son tratados de forma visceral y/o radical. Llamó la atención sobre este aspecto y lo comparó con la discusión más serena y tranquila que para estos mismos temas presentan los países europeos del centro y norte del continente.
En España hablar de religión o referirse a asuntos de religión siempre es con respecto a la Iglesia Católica; omnipresente como el dios que la substancia. Esto ha de cambiar pero de momento es lo que hay. Somos una democracia reciente, joven que no moderna, y según las teorías políticas, se consolida un régimen democrático cuando el poder se transfiere más de una vez y sin convulsiones violentas o intereses bastardos. Una sociedad democrática como la nuestra acoge en su seno a una organización que no practica la democracia como la Iglesia Católica: el choque está servido. Es más, me atrevo a afirmar que la Iglesia segrega a las mujeres. Éstas no tienen cabida activa en los órganos de gobierno. Sirven para corporeizar el mensaje de salvación porque pueden ser perdonadas, Jesús comía con prostitutas. Son madres y esposas, el Evangelio está plagado de ellas, sirven para la causa pero no disponerla. El fundador de la Iglesia lo dejó claro, 12 hombres y un mundo que cristianizar y así hasta la actualidad.
Sin ir demasiado atrás, en el tiempo, la Guerra Civil y los casi 40 años de dictadura del Generalísimo Franco significaron la implantación parasitaria de la Iglesia Católica en el seno de la sociedad civil española. La Iglesia tituló de Cruzada (lucha contra el infiel proclamada por el Papa) la guerra cruel y exterminadora a que dio paso el alzamiento militar de Julio de 1936. Al finalizar la contienda, y con la victoria de las tropas rebeldes, la Iglesia obtuvo su propia victoria. Vencedora quedó de una guerra fraticida; paradoja espeluznante para una organización que se dice portadora del mensaje de Cristo: “amaos los unos a los otros”. Acto seguido, y sin interrupción, impuso su doctrina y su “ley integral” sirviendo a un régimen político con el que mantuvo una extraordinaria simbiosis: sólo siendo católico se era buen español y buena persona. Ahora, la Iglesia debe ocupar su lugar, mantener su autonomía y desarrollar su actividad: el apostolado. Ocupar su lugar no significa ocupar EL LUGAR. Las instituciones políticas, a mi modo de ver, son exquisitas en su trato con la Iglesia y actúan según marca el texto constitucional y el Concordato establecido. Por el contrario, la jerarquía eclesiástica española mantiene una actitud de permanente confrontación con el poder civil e incluso ocupa la calle en demostración de fuerza y soberbia, que no de humildad. Por tanto, la radicalidad de que hablaba el Sr. Bosch está a flor de piel, pero lejos de perjudicar yo diría que es la primera fase de un proceso que debe culminar con la separación real de la Iglesia y el Estado. No se puede hacer una tortilla sin romper los huevos. Los países europeos, con alguna excepción, ya han hecho la tortilla y ahora la adornan para servirla.
Han pasado 30 años desde la promulgación de la Constitución y nos encontramos, todavía, en un primer estadio para el ejercicio pleno de la libertad de conciencia y religiosa. Como reconoció el Sr. Bosch, incluso los juristas con talante más progresista han ido elaborando sentencias sin entrar, en ocasiones, al fondo del asunto. Veredictos judiciales emitidos porque los ciudadanos han recurrido a los tribunales para hacer valer el derecho de libre pensamiento. Es correcto que sea así en un estado democrático, pero seguramente los partidos políticos con representación parlamentaria deberían apostar ya, decididamente y con valentía, por desarrollar, reglamentar y normalizar el precepto constitucional del artículo 16. La justicia, en este país, es lenta y las respuestas que los ciudadanos necesitamos son rápidas y eficaces.
Juan Carmona.
Opinió
Publicat a L´Expressió, maig 2009, p. 28.